A modo de introducción:
atacan a la educación pública
De acuerdo a la legislación aprobada por el gobierno de Zapatero, a partir de octubre de 2008 se empezarán a ofertar a los estudiantes universitarios los nuevos grados, es decir, la nueva estructura de las carreras que reemplazarán paulatinamente a las antiguas licenciaturas y diplomaturas. Para octubre de 2010 todos los estudiantes de primero tendrán que cursar los grados. Será la culminación del llamado Proceso de Bolonia que transformará por completo la universidad tal y como hoy la conocemos.
El Sindicato de Estudiantes edita este folleto para poner en conocimiento de todos los estudiantes, y de las familias trabajadoras en general, lo que está en juego con la aplicación de los planes de Bolonia en las universidades públicas.
En nuestra opinión, más allá de la propaganda demagógica de los medios de comunicación y de los responsables educativos, con los acuerdos de Bolonia se busca expulsar a los hijos de los trabajadores de la universidad, así como entregar ésta a los intereses de las grandes empresas y multinacionales, transformando un derecho fundamental como es la educación en una fuente de beneficios para bancos y empresas.
Estamos pues ante el ataque más grave que ha sufrido la universidad pública en toda su historia. Por eso es fundamental conocer en profundidad lo que es Bolonia, y generar un movimiento de protesta lo más amplio posible que frene estos planes.
Pero no podemos caer en el error de pensar que Bolonia es algo aislado, circunscrito al mundo de la universidad. Todo lo contrario. Forma parte de la brutal ofensiva que los capitalistas han lanzado contra los servicios públicos y en especial contra la educación pública.
No es una casualidad que mientras se aplica Bolonia, en Madrid la derecha haya planteado privatizar la educación infantil; que en Catalunya, el tripartit, integrado por el PSC, ERC e IC1 haya impulsado una ley educativa catalana que introduce la gestión privada dentro de los colegios e institutos públicos o que en la Comunidad Autónoma Vasca, donde gobierna la derecha nacionalista del PNV y EA junto con Ezker Batua (IU), el porcentaje de estudiantes matriculados en centros privados concertados (financiados con dinero público) ya sea del 51,5%. Definitivamente, la educación pública está en peligro. Para defenderla, se hace más necesario que nunca la respuesta masiva en la calle.
¿Qué son los planes de Bolonia?
Aunque la palabra Bolonia está en boca de toda la comunidad universitaria, el secretismo y la opacidad con que se ha llevado a cabo el debate de estos planes revela que los objetivos que persigue son absolutamente cuestionables. Aquellos que lo defienden, empezando por el propio gobierno y los rectores, por no hablar de las grandes empresas, no se cansan de insistir en que Bolonia significa abrir el proceso de la “modernización” de la universidad y que pensaban en mejorar la situación los estudiantes al aprobar estos planes. Así, tratan de vender la imagen de que Bolonia sólo busca la equiparación de los estudiantes del Estado español con los del resto de Europa, fomentar la movilidad entre Estados, etc.
Pero, si estudiamos con detenimiento la génesis y los objetivos reales de este plan, todo el humo de la propaganda se desvanece.
El 19 de junio de 1999, los ministros de Educación de 29 países europeos firmaron la Declaración de Bolonia. En ésta se comprometían en avanzar hacia un espacio europeo de educación, homologando las titulaciones que se imparten en las distintas universidades y creando un sistema de créditos (los créditos europeos) que fueran comunes en toda Europa.
Formalmente es muy positivo que un estudiante de la Universidad de Sevilla pueda terminar sus estudios en la Universidad de Leipzig, y viceversa. Nosotros somos los máximos defensores de que los recursos de toda Europa se utilicen para mejorar la educación pública de todo el continente. Sin embargo, más allá de palabrería vacía, Bolonia no supone nada de eso. Para entender lo que realmente implica el Proceso debemos comprender en interés de quién se impulsa.
El que las universidades del Estado español requieren urgentemente una reforma es algo que el Sindicato de Estudiantes defiende con firmeza. Para empezar, la universidad pública requiere más inversión.
Dicen que con Bolonia acabarán las clases magistrales y que se emplearán nuevos métodos didácticos y pedagógicos, pero... ¿y la inversión necesaria, precisamente para garantizar una universidad pública de calidad? Mientras que en Europa la media de inversión en la universidad es del 1,7% del PIB, aquí a duras penas se alcanza el 1,2%2. Incluso los rectores han denunciado una y otra vez la falta de recursos. Recientemente, Ángel Gabilondo, presidente de la Conferencia de Rectores (la CRUE) exigió alcanzar el 2% del PIB para la universidad y cifró en 2.300 millones de euros la inversión urgente que necesita la universidad (Europapress 06/02/08).
En cuanto a las becas, hoy en día en Europa el 40% de los estudiantes universitarios reciben alguna beca. En el caso del Estado español ese porcentaje no alcanza al 15% de los estudiantes3.
Con más recursos económicos se podría llevar a cabo un Plan de Choque de mejora de la calidad de la universidad pública: construcción de las plazas universitarias necesarias para desmasificar las carreras más demandadas, mejores bibliotecas, laboratorios, aumentar las becas… ¿Por qué la equiparación con Europa no está pasando por aumentar la inversión en la universidad pública o por aumentar el porcentaje de los estudiantes becados? Eso sí sería apostar por una verdadera integración con Europa al tiempo que supondría mejorar de forma real la universidad pública. Pero con los planes de Bolonia no se conseguirá nada de esto.
Los créditos europeos
Con el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se introdujeron los llamados créditos europeos, los ECTS (Sistema Europeo de Transferencias de Crédito).
El crédito tradicionalmente mide el número de horas que se imparten en una asignatura. Es decir, si una asignatura tiene tantas horas lectivas, éstas equivalen a determinados créditos y eso es lo que finalmente pagas al matricularte. La idea supuestamente consistía en homogenizar el crédito para que fuera igual en todas las universidades de Europa. Hasta ahí muy bien; pero la letra pequeña del decreto demuestra que el ECTS es mucho más que eso.
¿Qué incluyen los nuevos créditos?
Resulta que en el artículo 4.3 de esta ley se establece que: “En esta asignación [de créditos] deberán estar comprendidas las horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación” (resaltado en negrita por nosotros). Es decir, en lo créditos incluirán no sólo las horas lectivas, sino también las horas que el estudiante dedique, en su casa, a estudiar, o a preparar un examen. ¡Pagaremos por servicios que launiversidad no va a ofrecer! ¡Por horas de estudio que haremos en nuestras casas! Estas actividades al estar incluidas en los créditos son objeto de evaluación, es decir, forman parte de la asignatura como tal. Por tanto, aquel estudiante que pueda costearse una academia privada o incluso un profesor particular tendrá claras ventajas con respecto a aquellos que no puedan costeárselo.
¿Qué tipo de estudiante busca Bolonia?
La orientación de estos nuevos créditos busca un tipo de estudiante que pueda permitirse dedicarse a tiempo completo a estudiar y nada más. Así el artículo 4.4 del citado decreto dice: “Esta asignación de créditos, y la estimación de su correspondiente número de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso académico” Si cada crédito europeo consistirá entre 25 y 30 horas (Artículo 4.5) y el curso académico corresponde a 60 créditos (Artículo 4.1), 40 semanas son 200 días, lo que hace un total de entre 7,5 y 9 horas al día que el estudiante tendrá que dedicar a sus estudios universitarios.
¿Pero y los estudiantes que simultáneamente trabajan y estudian? ¿Y los que compaginan la universidad con otras actividades? Es evidente que estos estudiantes quedan fuera del estudiante modelo que quiere Bolonia. Muchos universitarios hoy en día necesitan trabajar para poder costearse su matrícula. ¿Qué van a hacer estos jóvenes? ¿Renunciar a estudiar?
Hemos escuchado muchas calumnias sobre la supuesta falta de esfuerzo de los estudiantes. Lo cierto es que el 50,4% de los alumnos que terminan los estudios universitarios lo hacen con 24 años o menos, un dato muy alto teniendo en cuenta que sólo el 63,5% de los estudiantes que se matriculan por primera vez vienen del bachillerato. Los demás acceden a la universidad tras cursar un ciclo formativo de grado superior o tras haber superado las pruebas para mayores de 25 años, entre otras vías. Es decir, la mayoría de los estudiantes universitarios no van a la universidad a vaguear (4).
Como Sindicato de Estudiantes consideramos que el esfuerzo en el estudio es necesario, pero para estimular al aprendizaje es fundamental que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades y las mismas condiciones. El enfoque planteado en los planes de Bolonia pretende crear una psicología determinada, que prepare a la juventud para aceptar su papel como carne de explotación en un mercado laboral cada vez más precario, donde las ocho horas al día que establece la ley se ha convertido en una ilusión y lo más habitual son las nueve, diez, o doce horas de trabajo diario. No es casualidad que la Unión Europea haya aprobado una directiva que eleva a 60 horas semanales (65 en el caso de los médicos) la jornada laboral. ¡Nos equiparamos a la Europa... del siglo XIX!
Subida de tasas
El decreto deja además la puerta abierta a la subida creciente de las tasas universitarias. No podemos olvidar que curso a curso las tasas universitarias aumentan sin parar, siempre por encima de la inflación. Para el curso 2007/08 el gobierno ha permitido una subida de hasta un 6,4%. ¿Qué salario obrerouniversidad no va a ofrecer! ¡Por horas de estudio que haremos en nuestras casas! Estas actividades al estar incluidas en los créditos son objeto de evaluación, es decir, forman parte de la asignatura como tal. Por tanto, aquel estudiante que pueda costearse una academia privada o incluso un profesor particular tendrá claras ventajas con respecto a aquellos que no puedan costeárselo.
¿Qué tipo de estudiante busca Bolonia?
La orientación de estos nuevos créditos busca un tipo de estudiante que pueda permitirse dedicarse a tiempo completo a estudiar y nada más. Así el artículo 4.4 del citado decreto dice: “Esta asignación de créditos, y la estimación de su correspondiente número de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso académico” Si cada crédito europeo consistirá entre 25 y 30 horas (Artículo 4.5) y el curso académico corresponde a 60 créditos (Artículo 4.1), 40 semanas son 200 días, lo que hace un total de entre 7,5 y 9 horas al día que el estudiante tendrá que dedicar a sus estudios universitarios.
¿Pero y los estudiantes que simultáneamente trabajan y estudian? ¿Y los que compaginan la universidad con otras actividades? Es evidente que estos estudiantes quedan fuera del estudiante modelo que quiere Bolonia. Muchos universitarios hoy en día necesitan trabajar para poder costearse su matrícula. ¿Qué van a hacer estos jóvenes? ¿Renunciar a estudiar?
Hemos escuchado muchas calumnias sobre la supuesta falta de esfuerzo de los estudiantes. Lo cierto es que el 50,4% de los alumnos que terminan los estudios universitarios lo hacen con 24 años o menos, un dato muy alto teniendo en cuenta que sólo el 63,5% de los estudiantes que se matriculan por primera vez vienen del bachillerato. Los demás acceden a la universidad tras cursar un ciclo formativo de grado superior o tras haber superado las pruebas para mayores de 25 años, entre otras vías. Es decir, la mayoría de los estudiantes universitarios no van a la universidad a vaguear (4).
Como Sindicato de Estudiantes consideramos que el esfuerzo en el estudio es necesario, pero para estimular al aprendizaje es fundamental que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades y las mismas condiciones. El enfoque planteado en los planes de Bolonia pretende crear una psicología determinada, que prepare a la juventud para aceptar su papel como carne de explotación en un mercado laboral cada vez más precario, donde las ocho horas al día que establece la ley se ha convertido en una ilusión y lo más habitual son las nueve, diez, o doce horas de trabajo diario. No es casualidad que la Unión Europea haya aprobado una directiva que eleva a 60 horas semanales (65 en el caso de los médicos) la jornada laboral. ¡Nos equiparamos a la Europa... del siglo XIX!
Subida de tasas
El decreto deja además la puerta abierta a la subida creciente de las tasas universitarias. No podemos olvidar que curso a curso las tasas universitarias aumentan sin parar, siempre por encima de la inflación. Para el curso 2007/08 el gobierno ha permitido una subida de hasta un 6,4%. ¿Qué salario obrero ha subido a ese nivel?
Incrementando el coste de la matricula universitaria y reduciendo las becas, no sólo acaban con la gratuidad de un derecho esencial para miles de familias trabajadoras, sino que potencian la elitización y la privatización de la educación superior. Y todo esto lo está llevando a cabo un gobierno “socialista” que no deja de presumir de sus “políticas de igualdad”.
Graduados y Másters universitarios
Bolonia supone terminar con la actual estructura de los estudios universitarios. Hasta ahora básicamente existían dos tipos de carreras universitarias, las licenciaturas de cuatro o cinco años y las diplomaturas de tres años. En el caso de las licenciaturas, solían estar divididas en dos ciclos: el primero, donde se impartía una formación más general, y el segundo ciclo donde se proporcionaba una formación más especializada.
Con Bolonia esta distinción desaparece. La carrera tendrá dos clases de títulos: el de graduado universitario, al que se accederá a través de distintos grados y cuyo contenido será más generalista; y los másters universitarios o posgrados donde el estudiante recibirá una educación más específica. La ley que regula los grados y los másters es el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Los grados
Los grados serán de 240 créditos, lo que corresponde a cuatro cursos, estarán adscritos a 5 posibles “ramas de conocimiento” (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias sociales y jurídicas e Ingeniería y Arquitectura) y corresponderán a las distintas universidades definirlos. De estos 240 créditos, 60 (un curso entero) deberán ser de formación básica, inicial o transversal (36 de estos créditos deberán corresponder a asignaturas comunes de cada rama de conocimiento, una especie de tercero de bachillerato) (Art. 12.5). Otros 60 créditos podrán disponerse para desarrollar prácticas en empresas (Art. 12.6) y por último habrá un proyecto de fin de grado de duración variable (entre 6 y 30 créditos).
Si echamos mano de la calculadora resulta que algunos grados podrían disponer de tan sólo 90 créditos para dar todo el contenido que se impartía en las anteriores diplomaturas o licenciaturas. Evidentemente es una exageración, porque no todos los grados usarán los 30 créditos para el proyecto de fin de grado o los 60 para las prácticas en empresas, pero es evidente que en cualquier caso la formación que se obtiene de un grado será mucho menor de la que actualmente tiene cualquier licenciado o incluso diplomado. Conclusión: el título de graduado tendrá mucho menos valor en el mercado laboral que las actuales licenciaturas. Es decir, el estudiante se verá obligado a cursar el máster si quiere tener un título que le permita aspirar a un puesto de trabajo digno al terminar los estudios.
Prácticas en empresas
Con respecto a las prácticas en las empresas, éstas podrían ser positivas si realmente fueran prácticas para aumentar la formación de los estudiantes universitarios, y no la forma más barata de disponer de una fuerza de trabajo sin derechos. Sólo tenemos que fijarnos en los compañeros de la formación profesional o los becarios e investigadores para entender qué es lo que van a suponer: Las empresas utilizan a los estudiantes en prácticas para no contratar a nuevos trabajadores y, por supuesto, muchas veces la tarea de los estudiantes de prácticas no tiene nada que ver con el supuesto contenido que éstas deberían tener. Y, además, no podemos olvidar que las prácticas no son retribuidas, es decir, el empresario, que además recibe cuantiosas subvenciones del Estado, se apropia íntegramente del fruto del trabajo del estudiante sin darle un salario a cambio. Los estudiantes trabajaremos gratis hasta un año, sin recibir la formación prometida.
Proyecto fin de grado
Tampoco el proyecto de fin de grado es de fiar. Por un lado, la enorme diferencia entre 6 y 30 créditos invita a pensar que las universidades pueden convertir éste concepto de “proyecto fin de grado” en cualquier cosa: desde una reválida para conseguir el título de grado (ya que está “orientado a la evaluación de competencias asociado al título” Art. 12.7) hasta un proyecto de fin de carrera tradicional. Pero tal y como son los créditos europeos, esta última opción también tiene graves peligros ya que, ¿habrá suficientes profesores-tutores para dar una orientación adecuada al proyecto? ¿No saldrán acaso beneficiados, una vez más, aquellos que puedan contratar profesores particulares, academias, etc.?
Préstamos en lugar de becas
Los defensores de Bolonia hablan de un esfuerzo en la política de becas para evitar que haya discriminación en los nuevos estudios universitarios y, en especial, en el acceso al máster. Sin embargo, las becas que se dan son absolutamente insuficientes.
Un ejemplo vale más que mil palabras: La ayuda compensatoria es aquella que se ofrece a las familias con menos ingresos. Así, por ejemplo, para percibirla una familia de cuatro miembros debe ingresar en total menos de 13.086 euros al año (1.090,5 euros al mes). Pues bien, la cuantía que recibirá el estudiante que cumpla este requisito será de tan solo 2.500 euros al año5. ¿Qué se puede esperar de esta política de becas?
Desde luego, con estos datos, la supuesta movilidad que trae Bolonia entre universidades europeas seguirá siendo, como ya lo es hoy en día, o incluso peor, un privilegio exclusivo para aquellos que puedan pagárselo.
En cualquier caso parece que la realidad será aún peor: el gobierno ya ha reconocido que no se concederán becas en el posgrado, sino que se facilitarán créditos bancarios a los estudiantes que no puedan cubrir el desembolso de la matrícula. Créditos que, lógicamente, tendrán que ser devueltos. En la práctica, se trata de una tremenda selectividad económica para los hijos de los trabajadores, una barrera discriminatoria en beneficio de los que más tienen y un gran negocio para la banca. ¡De alguna manera hay que compensar a los grandes bancos por las subprime y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria! Eso sí, ¡ay del moroso que no pague una hipoteca o no devuelva un préstamo!
Acceso al máster
Además para acceder al máster no servirá simplemente con tener un título de grado. El Artículo 17.1 especifica: “Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la universidad” (la negrita es nuestra). ¿Qué significa este párrafo? Pues evidentemente que las universidades podrán establecer criterios de admisión. ¿Cuáles? Pues desde una prueba de acceso, hasta una entrevista individual. Lo que está claro es que las universidades “de prestigio” seleccionarán a sus estudiantes para que sean los más brillantes (o aquellos con las billeteras más abultadas).
Por último, como ya señalamos con los grados, los propios posgrados potenciarán la distinción entre universidades, las de primera por un lado, para la élite, y las de segunda para los demás estudiantes. Por supuesto, ninguna universidad se conformará con ser una universidad “para el pueblo” y tratará de competir ferozmente para ser considerada por las empresas. No es ningún misterio qué universidades parten con ventaja en esta lucha: las que ya hoy tienen más prestigio y tienen acceso a más recursos. Las diferencias entre universidades que ya hoy existen no dejarán de incrementarse.
Privatizan la educación pública
Antes explicábamos que para los capitalistas no resulta rentable mantener una universidad pública al alcance de los hijos de los trabajadores. Pero la universidad no es algo al margen de la política general que sigue la burguesía en el Estado español y a escala mundial. En todos los países, la sanidad, la educación, las empresas públicas son acosadas por los capitalistas.
En el Estado español, la educación pública, en su conjunto, está en el punto de mira desde hace ya tiempo. Los capitalistas buscan degradar este derecho fundamental y, de esa manera, privatizarlo con más facilidad. Las dos armas fundamentales que se están utilizando son, por un lado, la falta de inversión y, por otro, el manifiesto apoyo a la educación privada concertada, residuo franquista inexistente en la mayoría de los países de nuestro entorno. No es casualidad que el 89% de los centros privados concertados pertenezcan a la Iglesia Católica, que sigue disponiendo de una fuente de ingresos colosal y de un gran control ideológico.
Baja la inversión, suben los conciertos educativos
En 1993, el Estado destinaba el 4,9% del PIB para la educación. Desde entonces la inversión ha sufrido una caída en picado que el gobierno del PSOE, lamentablemente, no ha enmendado. En el 2004 el PP dejó como herencia a Zapatero un 4,39% del PIB para la educación. En el 2007 este porcentaje había descendido aún más, hasta el 4,36%. Puede parecer una pequeña caída, pero esas tres centésimas suponen 315 millones de euros menos de inversión, sin olvidar que la caída era ya muy profunda y que esos años fueron la cúspide de un boom económico. Ahora hemos entrado en una crisis económica y el gobierno tratará de hacer que sus cuentas cuadren, a costa de reducir la inversión y el gasto público.
El dinero para la educación pública es fundamental. Es necesario para garantizar el buen estado de los centros y del material, becas suficientes para los estudiantes, condiciones de trabajo digno para el profesorado y el personal laboral, etc. Sin recursos económicos suficientes no es posible una enseñanza pública de calidad. Pero una enseñanza pública de calidad sostenida con fondos públicos es precisamente lo que no quieren los empresarios. Como la experiencia ha demostrado, los capitalistas quieren hacer de los servicios públicos un prospero negocio para sus cuentas de resultados, y el gobierno de Zapatero, a pesar de las apariencias, parece que está de acuerdo con esta filosofía.
Y es que, mientras ha caído en picado la inversión en la pública, el dinero destinado en particular para subvencionar a los centros privados concertados ha crecido. Así mientras que en 1992 el 9,1% del gasto educativo se destinaba a cubrir los conciertos educativos, en el 2005 el porcentaje había subido al 11,2%. Sólo ese año se entregaron a los empresarios de la educación y a los obispos 4.353 millones de euros, una cantidad muy necesaria para la educación pública. Por supuesto ésta es sólo una parte del dinero. Además de los conciertos hay más subvenciones, ayudas, cesiones, concesiones etc. que son complicadas de cuantificar. A esto habría que sumar todos los demás ingresos que recibe la jerarquía eclesiástica fuera del terreno estrictamente educativo.
No podemos olvidar, además, que en la memoria económica que acompañaba a la nueva ley educativa aprobada por el gobierno de Zapatero (la LOE), más de 2.000 millones de euros (de los 7.033 millones totales) estaban destinados a garantizar la gratuidad de la educación infantil. Sin embargo, las Comunidades Autónomas lo han hecho no sobre la base de construir plazas públicas suficientes, sino a través de nuevos conciertos con la patronal educativa. Por tanto, aunque aún no hay datos oficiales, es evidente que después del 2005 el porcentaje del presupuesto de educación destinado a la privada concertada se dispara. Mientras que en inversión en educación estamos en el puesto 28º de la OCDE, en porcentaje de esa inversión destinada a instituciones privadas somos el quinto país del mundo.
Todo parece indicar que la situación se va agravar aún más. Durante la campaña electoral, ante las quejas de la FERE (la principal patronal educativa que pertenece a la Iglesia) insistiendo en la necesidad de revisar la financiación de la concertada para “modernizarla y equipararla a la pública”, el entonces secretario general de educación, Alejandro Tiana, respondió afirmativamente y se comprometió a iniciar una “comisión de conciertos” ya que “el sistema de conciertos es el más adecuado en las circunstancias en las que estamos para el cumplimiento del derecho a la Educación” (Magisnet 02/04/2008).
El Sindicato de Estudiantes defiende la necesidad de luchar por revertir completamente esta situación y frenar esta ofensiva contra la enseñanza pública. Por eso exigimos la paralización inmediata de los conciertos educativos ¡Qué ni un euro del dinero público vaya a financiar el negocio de la enseñanza privada! Junto a esta medida, es necesario un incremento drástico de los recursos económicos destinados a la enseñanza pública, invirtiendo en ella al menos el 7% del PIB.
Si no se invierte en la educación pública, no se construyen plazas públicas suficientes (como por ejemplo sucede en educación infantil), no se adecuan las instalaciones y el material a las nuevas necesidades (ante la llegada de trabajadores inmigrantes, estudiantes con necesidades especiales etc.) y por otro lado se potencia y se favorece a la educación privada concertada, no es de extrañar que aumente el número de estudiantes matriculados en estos últimos centros.
¿Y la responsabilidad de quién es?
El gobierno del PSOE se lava las manos diciendo que la responsabilidad está en manos de las Comunidades Autónomas ya que son éstas las que tienen las competencias en educación.
Es verdad que sigue habiendo diferencias entre las comunidades gobernadas por la derecha y aquellas que son dirigidas por el Partido Socialista. Sin embargo, la tendencia en todas las Comunidades es hacia la privatización.
Ciertamente en Madrid, por ejemplo, ya no sólo se regala suelo público a la patronal, como era habitual en esta Comunidad, sino que directamente se regala un colegio público construido con el dinero público. Así ha sucedido en El Álamo. Simultáneamente, la Consejería de Educación impuso un decreto de educación infantil que permite que cualquier empresario pueda montar su “guardería” sin ningún tipo de requisito que garantice la calidad y el carácter educativo de esta etapa.
Pero en las comunidades gobernadas por la izquierda la panorámica no es mucho mejor. Así, en Catalunya, el Departament d’Educació presentó la LEC (Ley de Educación Catalana). Se trata de una ley cuyo contenido es, sin duda, de derechas. Su aplicación supondría un paso de gigante en la privatización de la enseñanza, a una escala que ni siquiera la derecha política se había atrevido a plantear. La ley llegaba a plantear, entre otras lindezas, la gestión de los centros públicos por parte de empresas privadas. Fruto de la movilización masiva en la calle de profesores y estudiantes este aspecto ha sido retirado; sin embargo, todos los demás ataques se mantienen.
Así podríamos seguir enumerando lo que sucede en todas las Comunidades Autónomas, desde Andalucía donde a los profesores se les ha impuesto un “plus de productividad”, lo que ha provocado una huelga de docentes contra la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, a Cantabria donde se han eliminado horas de historia para garantizar la enseñanza de religión.
Ciertamente las competencias las tienen las Comunidades Autónomas, pero desde el gobierno central, el PSOE podría haber garantizado perfectamente una reforma educativa que apostara por la educación pública y obligara a actuar así a los gobiernos autonómicos. Como señalamos en su día, la LOE era una ley privatizadora que seguía la estela de la anterior “Ley de Calidad” impuesta por el PP. No era una cuestión de “competencias”, sino de voluntad política.
Todos los ataques contra la educación pública que se están produciendo responden a lo mismos intereses y a los mismos objetivos. En marzo ese ataque se produce en una Comunidad, en abril el mismo en otra distinta, hoy recortan un aspecto determinado en Valencia, mañana será otro en Asturias. No tiene sentido responder de forma separada, hoy aquí, mañana allí. Eso es precisamente lo que quieren que hagamos porque nos resta fuerza. Tenemos que unificar todas estas luchas, tenemos que responder de manera unificada y estatal.
¿Cómo luchar en defensa de la educación pública?
En el último curso se han desarrollado numerosas manifestaciones, encierros y asambleas contra los planes de Bolonia. La participación de miles de estudiantes en todas estas acciones demuestra que hay una clara voluntad de parar estos planes privatizadores. Paralelamente, también se han organizado huelgas generales de profesores y estudiantes el 14 de febrero en Catalunya, contra la LEC, y en Madrid los días 7 y 21 de mayo. También se han producido movilizaciones de la comunidad educativa en Cantabria, Andalucía y Galicia.
En todos estos casos el objetivo central de la movilización era protestar contra la privatización de la educación pública, y la respuesta no pudo ser más contundente por parte del movimiento: decenas de miles de profesores y estudiantes de secundaria salieron a las calles de Barcelona y Madrid demostrando su voluntad de luchar hasta el final.
Desde el Sindicato de Estudiantes pensamos que es absolutamente necesario unificar las movilizaciones, evitando su dispersión y ampliando su impacto. Y la primera condición es desarrollar una amplia campaña de información tanto en la comunidad educativa como hacia el conjunto de la sociedad, especialmente entre la clase trabajadora, de lo que supone realmente los planes de Bolonia. Hay que insistir en que este gobierno fue elegido con los votos de millones de familias humildes, de miles de jóvenes asqueados con la derecha, y fue elegido para que resolviese de forma positiva los acuciantes problemas que tenemos la mayoría de la sociedad: desempleo, falta de vivienda pública, derecho a disfrutar de una sanidad y una educación pública digna. Por eso fue votado Zapatero.
Sin embargo, la realidad es que este gobierno, a pesar de hacer gestos de cara a la galería para darse una cierta imagen de izquierdas, esta llevando una política que, en los aspectos esenciales, poco se diferencia de la derecha. Una política que beneficia, por encima de todo, a las grandes empresas, que salvaguarda sus dividendos multimillonarios, mientras permite el crecimiento del paro, los bajos salarios, la desigualdad y la privatización de la sanidad y la enseñanza. En definitiva una política que acepta la lógica del capitalismo.
Por estas razones hay que decir al gobierno de Zapatero ¡Basta! Queremos un gobierno de izquierdas, con una política auténticamente de izquierdas, al servicio de los intereses de la mayoría de la sociedad, los trabajadores y sus familias. La experiencia ha demostrado que para que rectifiquen, para que nos escuchen, hace falta salir a la calle y organizar movilizaciones contundentes y masivas.
Desde el Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a todo el movimiento estudiantil, a todas las organizaciones, a los profesores, a los sindicatos de clase a conformar un gran movimiento unitario contra los Planes de Bolonia, contra la privatización de la universidad, y en defensa de la enseñanza pública. Hacemos un llamamiento a la unidad de acción para impulsar movilizaciones que obliguen al gobierno a retroceder. Una lucha que tiene que tener un eje fundamental: el aumento sustancial de la inversión de recursos económicos y humanos en la universidad pública para garantizar este derecho universal.
Estamos absolutamente convencidos de que las condiciones para organizar una respuesta de millones en todo el Estado están más que maduras. Las movilizaciones de este curso lo han dejado claro.
Por eso los sindicatos de clase del profesorado tiene que dejar a un lado las ambigüedades, tienen que abandonar la filosofía de la desmovilización y de la paz social, y poner todas sus energías en luchar consecuentemente contra la privatización de la enseñanza al lado de los estudiantes.
Es necesaria y posible una respuesta que unifique a toda la enseñanza, desde la escuela infantil, hasta la secundaria y la universidad, pues la lucha es la misma para todos.
Tabla reivindicativa del Sindicato de Estudiantes
1. Retirada inmediata de los planes de Bolonia. Necesitamos una reforma de la enseñanza universitaria en beneficio de los estudiantes y de las familias trabajadoras, no de las grandes empresas. Reforma de los planes de estudio elaborada con la participación consciente de estudiantes, profesores y sindicatos.
2. No a los créditos bancarios para financiar los estudios. Universidad pública y gratuita. Becas-salario de mil euros al mes para los estudiantes con más dificultades. 40% de los estudiantes con becas dignas.
3. Un único Ministerio de Educación. No a la segregación de la universidad del sistema educativo. No a la gestión empresarial de la universidad.
4. Inversión del Estado del 2% del PIB en la universidad pública para garantizar una educación pública de calidad y gratuita, la construcción de suficientes plazas públicas universitarias, la reducción del número de estudiantes por aula, dotación de laboratorios, bibliotecas, etc. Es necesario un plan de choque de 8.400 millones de euros, inmediato, para mejorar la universidad pública. 7% del PIB para la educación pública.
5. No a la escuela privada. Por una red pública única, de calidad y democrática.
6. Prácticas en las empresas remuneradas, con salarios dignos, y controladas por las organizaciones estudiantiles y los sindicatos de trabajadores. ¡No a la mano de obra gratuita!
7. ¡No sobran licenciados! Plan Estratégico Estatal para dotar a los barrios obreros de suficientes hospitales, colegios, institutos, instalaciones deportivas y culturales, etc.
8. Un puesto de trabajo digno al acabar los estudios, o subsidio de desempleo indefinido igual a mil euros hasta conseguirlo.
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Por el contrario, no hay que olvidarse que el plan Bolonia lo apoyan y defienden también muy otras grandes personas, que están convencidos de que este plan es un progreso y una forma de avanzar en la que los futuros profesionales saldrán más preparados tanto por conocimientos como por práctica.
Las expectativas futuras es que para el año que viene ( curso 2009-2010) ya estará instaurado para los alumnos de primer año, y el debate está en cual será el futuro de los estudiantes que ahora cursan sus estudios, se está decidiendo el programa que se les implantará, inmersión, progresión u otro, no obstante esto también depende de cada comunidad a la que el estudiante pertenezca.
